Redacción YAM | Yo Amo Matamoros

La implementación del registro obligatorio de líneas móviles en México comienza a mostrar fallas estructurales, al grado de que no solo los pequeños operadores virtuales han solicitado una prórroga, sino también los grandes jugadores de la industria.

De acuerdo con información confirmada por Expansión, la CANIETI, organismo que agrupa a empresas como Telcel, Televisa y Telefónica, se sumó a las quejas por la viabilidad técnica del proceso.

Un problema matemático (y operativo)

Para cumplir con la fecha límite del 30 de junio, las compañías deben registrar 158 millones de líneas móviles. Esto implica procesar más de 900 mil registros diarios, sin pausas, algo que la infraestructura actual simplemente no soporta.

Fallos, dudas y versiones encontradas

En redes sociales, especialmente en X, usuarios reportaron fallas graves en la plataforma de Telcel, incluso señalando una posible exposición de datos personales durante el fin de semana.

Telcel negó que hubiera una filtración de información. En entrevista con Grupo Fórmula, su vocero Renato Flores reconoció que sí existió una vulnerabilidad técnica, misma que aseguró ya fue corregida.

Por su parte, la CRT informó que las intermitencias registradas se debieron a la saturación de usuarios intentando completar el trámite al mismo tiempo.

El costo oculto del registro

Más allá de los problemas técnicos, el impacto económico es considerable. Se estima que este proceso costará a la industria más de 4,053 millones de pesos, principalmente por la validación de identidades.

Cada intento de validación cuesta más de 3 pesos, un gasto que se multiplica cuando el sistema falla y obliga a realizar el trámite dos o tres veces, afectando especialmente a los operadores móviles virtuales.

La postura del gobierno

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que cualquier fallo de seguridad es responsabilidad directa de las empresas, en referencia a lo ocurrido con Telcel durante el fin de semana.

Aunque el objetivo del registro es combatir estafas y delitos, el proceso se ha vuelto tan complejo y costoso que, para muchos usuarios y empresas, comienza a percibirse como un trámite excesivo y poco eficiente.